Comentario No. 024
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Fecha: 1528, 6 de abril. Madrid, La Española.
Tema: Mientras los alzamientos o huidas de negros esclavizados de las minas y haciendas de La Española creaban gran preocupación a la Corona, en la colonia se desencadenó una ardua disputa entre el gobernador colonial, Diego Colón y los oidores de la Audiencia de Santo Domingo sobre la necesidad de un “juez ejecutor” o policía para vigilar a los “negros”
Fuente: Archivo General de Indias, PARES, Portal de Archivos Españoles, Archivo General de Indias, PATRONATO, 295, No.89.
A comienzos de abril de 1528 el rey de España, en una orden dada a las autoridades de Santo Domingo, expresó haber recibido informes de que había en la isla “algunos negros huidores y de malas mañas y vivir, y que no son domésticos ni trabajan como son obligados, y ponen y convocan a los otros negros que están manso [sic] y trabajando, a que se vayan y alcen y hagan otros delitos y males, de que se sigue que los dichos negros que están en las minas y otras haciendas y granjerías se alzan y cometen otros delitos”. Ante esta situación que amenazaba el funcionamiento de la base principal de economía colonial, la Corona ordenó a las autoridades de La Española que se informaran adecuadamente sobre los negros que incurrían en estas conductas y que ordenaran a sus dueños o expulsarlos de la colonia o mantenerlos encadenados y vigilados “de manera que no tengan lugar de hacer daño”.
En algún momento durante los dos años siguientes al fallecimiento del Almirante y gobernador de La Española Diego Colón mientras visitaba España llamado por la Corona, ésta había ordenado que todos los funcionarios designados en La Española durante el gobierno de Colón pudieran quedarse en sus puestos. (El tema de esta orden puede ser indicio de que pudo haber personas en la colonia que estuvieran cuestionando la legitimidad de al menos algunos funcionarios o autoridades de ese momento.) María de Toledo, esposa del gobernador Colón y virreina, había presentado una copia del documento de esta orden real a los oidores de la audiencia local como recordatorio en octubre de 1528.
Antes de partir hacia España el gobernador Diego Colón había designado un “ejecutor sobre los negros de esta isla con cierto salario y escribano y alguacil”, el primero de ellos Pedro Benítez, un vecino de Santo Domingo. Colón también emitió unas ordenanzas que regulaban el nuevo puesto judicial, que fueron aprobadas por el cabildo de Santo Domingo y consignadas en un “libro de su cabildo”
Ahora, cuatro años después de la partida de Diego Colón de la isla, María de Toledo declaró que los oidores estaban intentando interferir en la designación de la persona que ocupara el puesto de ejecutor de negros lo que creaba un problema para el joven gobernador Luis Colón. Toledo solicitó formalmente en esta petición a los oidores que dejaran de intervenir en esta o cualquier otra de las atribuciones del gobernador. Según la información Luis Colón, por su parte, estaba listo para designar al ejecutor de negros en cualquier momento que fuera necesario y se quejó de cualquier otra iniciativa en sentido contrario.
Toledo presentó una copia de la orden real emitida en Madrid el 5 de abril de 1528 en la que se reiteraba otra anterior dada en Sevilla el 17 de marzo de 1526, en la cual el rey ordenaba claramente a todos los funcionarios designados en La Española bajo el gobierno del difunto Diego Colón al momento de partir hacia España debían permanecer en sus puestos, incluyendo los puestos de virrey y gobernador (otorgados a Luis, hijo de Diego). La orden mandaba así mismo a las autoridades locales respetar todos los ingresos de María de Toledo que pertenecieran al Almirante. Indicaba también que el Almirante Luis Colón había informado a la Corona, por vía de [Alvar de Ara?] que la Audiencia no estaba permitiendo la designación de María de Toledo como guardiana de su hijo Luis ni el nombramiento de Juan de Villoria, designado y dejado por el gobernador Diego Colón, y que estaba de hecho impidiendo que ellos ocuparan estos puestos (“les saca la mano en los casos tocantes a los dichos oficios y cargos, especialmente de la gobernación, no les dejando usar de ellos”).
Los oidores cumplieron con los gestos y mociones de recibir y acatar la orden presentada por Toledo, pero pospusieron sus respuestas a la solicitud de permitir al joven Almirante designar al “ejecutor de negros”. El sábado 1ero de agosto de 1528 Juan Ruiz, a nombre de María de Toledo, presentó una petición a la Audiencia indicando que el mismo había presentado antes otra petición acompañada de una provisión real sobre el puesto de “ejecutor de negros” que debía nombrar el Almirante (en ese momento el joven Luis Colón), quejándose de que los oidores habían respondido que estudiarían el tema pero que no habían tomado ninguna decisión sobre el asunto todavía. En respuesta a esta segunda solicitud los jueces de la Audiencia decidieron revisar la orden real.
En septiembre 5 de 1528 Juan Ruiz presentó otra petición solicitando a la Audiencia emitir una certificación de sus reiteradas solicitudes para que se resolviera el asunto, de modo que el pudiera enviarla a la Corona en barcos que estaban a punto de zarpar hacia España. Los oidores respondieron que tenían derecho a designar al “ejecutor de negros” y que de hecho habían sido encargados de hacer esto por la misma Corona, ordenando que se hiciera una copia de las instrucciones según ellos recibidas del rey para que se le dieran a Ruiz. La orden real citada fue emitida en Madrid el 6 de abril de 1528 y según se decía fue recibida en Santo Domingo en julio de ese año (en un barca capitaneado por un Juan Genovés).
Aunque el documento citado por los oidores ordenaba a la Audiencia mandar a los propietarios de “negros huidores” expulsarlos de la colonia o, de otro modo mantenerlos encadenados y bajo vigilancia, no se refiere en lo absoluto al puesto de “ejecutor de negros”. Sin embargo los miembros de la Audiencia argumentaron que el rey había revocado todas las decisiones hechas por Diego Colón, lo que supuestamente incluía también su nombramiento de un “ejecutor de negros…” El último testimonio de todo lo anterior se hizo a solicitud de María de Toledo el 27 de octubre de 1528 aparentemente por el notario Diego Caballero.
Luis Colón, hijo del virrey Diego Colón and de la virreina María de Toledo había heredado el título de Almirante, virrey y gobernador de La Española, y debido a su edad había sido puesto bajo la custodia de su madre.